Esta ciudad mexicana de Tijuana estaba abrumada, incluso desde antes de que el presidente Donald Trump decidiera construir un muro en la frontera.
A mediados del año pasado comenzaron a llegar tantos migrantes haitianos con la esperanza de cruzar hacia Estados Unidos que las iglesias, los salones comunitarios, los programas de clases extracurriculares, los centros de rehabilitación y ciudadanos particulares han abierto sus puertas para darles techo, comida y ropa.
¿Se imagina lo que es que en un albergue, cerca de 250 inmigrantes (hombres, mujeres y niños) compartan dos escusados y una regadera? Para colmo en una iglesia están apretujados 400 más. Un comedor de beneficencia aloja a cientos en corredores, la bodega y un terreno a la intemperie en la parte posterior.
Por supuesto, para muchos Tijuanenses este es un problema grave, pero para otros muchos más, no es un problema que le corresponda solucionar a la ciudad o al estado, el problema es migratorio federal.
Ahora, a algunos funcionarios y defensores les preocupa que el plan de Trump pueda dar pie a una crisis migratoria en pueblos y ciudades a lo largo de la frontera y, de hecho, en todo México.
El gobierno mexicano, dicen, podría no ser capaz de manejarla.
Trump está buscando reforzar la frontera, restringir la inmigración y aumentar las deportaciones desde Estados Unidos. Al anunciar sus acciones la semana pasada, dijo que “ayudarán a México al desalentar la inmigración ilegal”.
“Será de verdad muy muy bueno para México”, declaró.
Sin embargo, algunos defensores y funcionarios internacionales prevén una posible pesadilla para el país.
Una creciente cantidad de personas ha estado dirigiéndose hacia el norte desde Centroamérica, escapando de la violencia y la pobreza en su tierra natal. Durante el año fiscal 2016, que terminó en septiembre, aproximadamente 409.000 personas fueron atrapadas mientras trataban de cruzar la frontera suroeste de Estados Unidos, lo que representa un incremento del 23 por ciento en comparación con el año fiscal previo, de acuerdo con estadísticas del gobierno estadounidense.
Esta tendencia se ha mantenido durante los meses recientes.
Mientras más migrantes sean detenidos en la frontera de Estados Unidos y más indocumentados sean deportados del mismo país, más abrumadas estarán las comunidades fronterizas, los refugios para migrantes podrían sobrepoblarse, los niveles de desempleo podrían aumentar y México sería el que tendría que soportar esa carga, sostienen defensores y funcionarios.
“Nos preocupa”, dijo Christopher Gascón, representante en México de la Organización Internacional para las Migraciones. “La forma en que México maneje esto será un aspecto preocupante. No creo que tenga la capacidad para absorberlo”.
Incluso antes de esta semana, México ya estaba enfrentando presiones migratorias extraordinarias. Las olas de centroamericanos que se dirigen al norte ya habían puesto a prueba a la patrulla fronteriza mexicana en el sur del país y han provocado un aumento en la cantidad de personas que solicitan asilo en México, de más del doble de 2015 a 2016.
Los funcionarios mexicanos también estaban apresurándose para desarrollar una estrategia en caso de que Trump cumpliera con sus promesas de aumentar las deportaciones de indocumentados, una población que incluye a millones de mexicanos. Un grupo intergubernamental comenzó el 23 de enero a estudiar maneras de ayudar a integrar a los deportados a la sociedad mexicana.
Los cambios recientes en las políticas estadounidenses durante el gobierno de Obama de por sí habían contribuido a que aumentara la oleada de migrantes haitianos. Miles de cubanos también terminaron atorados en México y Centroamérica este mes después de que el gobierno de Obama dio fin a la política de “pies secos, pies mojados” que favorecía a los cubanos.
Debido a la presión ejercida por Estados Unidos, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, había estado tratando de frenar el flujo de migrantes que atravesaban su país y comenzó el Programa Frontera Sur como un esfuerzo para controlar el flujo de gente y bienes que cruzaban desde la frontera con Guatemala. Bajo el plan se duplicaron las deportaciones de 2013, cuando se aprobó, a 2016. Casi todos los deportados en los años recientes provenían de Centroamérica.
Sin embargo, las fronteras siguen teniendo muchos huecos. La Organización Internacional para las Migraciones calcula que entre 400.000 y 500.000 migrantes indocumentados transitan a través de México cada año y que el 90 por ciento de ellos son centroamericanos.
Aquí, en el estado de Baja California, la crisis migratoria ha subrayado la capacidad limitada del gobierno mexicano para lidiar con el reto.
Los migrantes haitianos comenzaron a llegar en la primavera pasada. Durante un tiempo, no tuvieron problema para cruzar a Estados Unidos. Reconociendo las dificultades en Haití después del terremoto de 2010, los oficiales de la frontera estadounidense permitían entrar a los haitianos indocumentados con una autorización temporal por motivos humanitarios, con permiso para quedarse hasta por tres años.
Los migrantes llenaron los numerosos albergues y los hoteles baratos de Tijuana mientras esperaban, a veces durante semanas, sus citas con los funcionarios de la frontera estadounidense.
Luego, a finales de septiembre, el gobierno de Obama anunció de pronto que estaba retomando completamente las deportaciones de haitianos, con la esperanza de que ese cambio de política disuadiera la emigración. No obstante, los haitianos siguieron llegando.
Mientras que la población de migrantes haitianos se ha elevado (en la actualidad hay cerca de 4500 haitianos en Tijuana y en otras partes del norte de Baja California), las autoridades mexicanas no han cedido a las súplicas de abrir un albergue de emergencia operado por el gobierno.
Más de 30 albergues están atendiendo a los haitianos, pero ninguno es gubernamental. La mayor parte de la carga de alojar, alimentar, vestir y atender al flujo incesante de haitianos ha recaído en personas y grupos pertenecientes a la sociedad civil, los cuales han acusado al gobierno de no actuar a tiempo.
Este mes, una coalición de los principales albergues de Tijuana y Mexicali envió una carta al presidente Peña Nieto exigiendo una “intervención” federal más sólida para enfrentar la crisis. Todavía no han recibido una respuesta, afirmaron.
Además, grupos humanitarios y activistas en Tijuana presentaron la semana pasada una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la que sostienen que los funcionarios federales han violado los derechos humanos de los migrantes “de manera amplia y repetida” al no hacer frente a la crisis.
Los funcionarios federales han rechazado las críticas acerca de que han sido negligentes.
“¿Se puede hacer más? Sí”, dijo Rodulfo Figueroa Pacheco, el delegado en Baja California del Instituto Nacional de Migración, durante una entrevista antes de que se presentara la queja. “Ha sido una lucha”.
“Pero”, señaló, “no es verdad que los gobiernos no hayan reaccionado”.
crisis, ahora en su noveno mes, ha sido una carga apabullante para los refugios.
La población de migrantes en Movimiento Juventud 2000, un albergue de muchos años que tiene una capacidad para aproximadamente 25 personas, se ha elevado a 250, muchas de las cuales viven en tiendas de campaña donadas y levantadas en un terreno adyacente que se convierte en un lodazal cuando llueve.
El Templo Embajadores de Jesús, situado en un barranco baldío en el extremo oeste de Tijuana, alberga a cientos de personas a pesar de no estar conectada al sistema de abasto de agua municipal y de tener que llenar sus tanques con una pipa de agua.
Los administradores del Desayunador Salesiano Padre Chava, que durante años ha funcionado como un comedor de beneficencia, dieron un nuevo propósito a prácticamente toda la edificación, incluyendo los corredores y la bodega, convirtiéndola en un dormitorio improvisado que en cierto momento llegó a dar techo a más de 500 personas.
Claudia Portela, coordinadora de Padre Chava, que hace poco abrió un segundo albergue más pequeño, calcula que las donaciones han satisfecho el 98 por ciento de sus necesidades durante esta crisis.
Aunque reconocen que la mayor parte de la ayuda humanitaria ha venido de la sociedad civil, los funcionarios gubernamentales insisten en que ellos han proporcionado servicios cruciales pero que han estado lamentablemente limitados por presupuestos que ya estaban restringidos debido al deterioro de la economía en México.
“Nuestra contribución ha sido muy pequeña”, dijo Figueroa. “La capacidad institucional no es tan sólida como quisiéramos”. Sin embargo, a pesar de las limitaciones, dice que las entidades gubernamentales han donado desde finales de octubre más de 280.000 pesos mexicanos, cerca de 445.000 comidas, miles de cobijas, cientos de colchones y muchos otros bienes y servicios.
Los funcionarios estatales y federales, dijo, todavía estaban discutiendo la posibilidad de abrir un albergue, pero la propuesta había levantado difíciles cuestiones filosóficas y prácticas.
“¿Construiremos algo que después no podamos deshacer?”, preguntó.
Redes de grupos humanitarios se han lanzado a ayudar.
“Para mí, la peor parte es la omisión del gobierno federal”, dijo Soraya Vázquez, una de las nueve mujeres que operan el Comité Estratégico de Ayuda Humanitaria Tijuana, un grupo local formado en septiembre. “El gobierno debe reconocer que esto es una crisis humanitaria”.
Una mañana reciente, ella y su colega Adriana Reyna se subieron a la camioneta de esta última y dieron un recorrido por varios albergues en Tijuana para evaluar sus necesidades.
En el Templo Embajadores de Jesús, la iglesia en el barranco, una niña haitiana de un año y medio se había caído. Sus padres tenían la preocupación de que se hubiera fracturado un hueso. Así que las mujeres llevaron a la niña y a sus padres a una clínica cercana donde la examinaran gratuitamente, luego fueron a una farmacia a conseguir medicina para tratar el dolor y la inflamación.
En otro albergue, las mujeres programaron citas con un doctor para un hombre con una herida infectada en una pierna y dos migrantes cuyos embarazos presentaban complicaciones. También planearon la instalación de un taller de piñatas que podría dar empleo a los migrantes.
En la Iglesia Central del Nazareno, que se ha convertido en un albergue, la coordinadora Ruth Gaxiola les preguntó a las mujeres si habían escuchado alguna novedad sobre cómo estaban recibiendo a los migrantes haitianos en la frontera de Estados Unidos. ¿Los estaban deportando?
Fue un día después de la toma de posesión de Trump y los rumores volaban.
“Espero que puedan cruzar. Espero que estén bien”, dijo Gaxiola, tratando de no llorar. Se veía exhausta. Vázquez extendió los brazos y las dos mujeres se abrazaron.
The New York Times
