Es una realidad el endurecimiento de las leyes migratorias o de viaje para miles de ciudadanos de otros países que requieren viajar a Estados Unidos, hoy se sabe que desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump, que inició en enero de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos ha revocado más de 175 mil visados a extranjeros, principalmente se produjeron por incidentes con las fuerzas del orden, como agresiones, robos o conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas.
En un comunicado, subrayó que un visado para entrar en Estados Unidos “es un privilegio, no un derecho”, y advirtió de que utilizará “todos los recursos disponibles” para combatir a quienes considere que abusan de ese privilegio.
- Los demócratas del Congreso iniciaron una investigación por la deportación de familiares de militares en servicio activo, luego de que se revelara la agencia AP.
Entre los ejemplos de extranjeros a los que se les han revocado sus visados, citó casos de personas acusadas de agresión sexual o de alteración del orden público, así como de varios que celebraron el asesinato, el año pasado, del activista conservador Charlie Kirk.
Como parte de la política migratoria restrictiva de la administración Trump, EU ha endurecido el proceso de concesión de visados, con la imposición de fianzas para determinados visados en algunos países y un mayor escrutinio de los solicitantes, incluido el análisis de sus redes sociales.
El sábado, La Razón dio a conocer que la revisión de redes sociales se extenderá a los mexicanos que viajen a EU por motivos de negocios al amparo del T-MEC, así como a periodistas y ciudadanos de México y Canadá.
En ese contexto, el Departamento de Justicia informó ayer que demandó a los estados de Nueva York, Connecticut y Vermont para impugnar varias leyes estatales que considera como apoyo a migrantes en detrimento de los ciudadanos estadounidenses.
El organismo argumentó en tres querellas que las leyes que conceden matrículas a precio de residente y ayudas económicas a inmigrantes indocumentados “discriminan de forma inconstitucional a los ciudadanos” de Estados Unidos, a quienes “no se les conceden las mismas tarifas reducidas de matrícula ni becas”.
Además, considera que las normas “crean incentivos para la inmigración irregular y recompensan a los extranjeros indocumentados con prestaciones”, y solicita que se prohíba su aplicación.
En el caso de Nueva York, el estado permite que estudiantes indocumentados y otros alumnos accedan a becas y subvenciones administradas por el estado para cubrir los costes de su educación universitaria. El programapide que el beneficiario se gradúe de una secundaria del estado.
Por su parte, la ley de Vermont facilita que estudiantes indocumentados o no ciudadanos que residen en el estado accedan al precio de matrícula para residentes, y además extiende la ayuda financiera estatal por necesidad económica a todos los alumnos, independientemente de su estatus migratorio.
Del mismo modo, Connecticut aprobó en 2011 una ley que permite a estudiantes indocumentados que residen en el estado pagar la matrícula a precio de residente, con requisitos como haberse graduado en un instituto del estado.
Según el comunicado, las demandas presentadas hoy elevan a 17 el número de acciones judiciales que tratan de impugnar este tipo de medidas. El Departamento ya ha conseguido que Texas, Kentucky, Oklahoma, Nebraska e Illinois bloqueasen leyes similares que concedían matrículas con precio reducido a inmigrantes en situación irregular.
