Derivado de las muchas detenciones de Mexicanos del Mal, y de las decenas de extradiciones de Mexicanos clase VIC a los Estados Unidos la percepción de inseguridad en las ciudades del país llegó en septiembre a su nivel más bajo desde que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) comenzó a levantar la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), hace 13 años: 58.1 por ciento de la población de 18 años y más considera inseguro vivir en su ciudad, informó este viernes la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su rueda de prensa matutina en Palacio Nacional.
La jefa del Ejecutivo presentó los datos dados a conocer por el INEGI, según los cuales el indicador bajó de 59.8 por ciento en junio pasado a 58.1 por ciento en septiembre, una reducción estadísticamente significativa de 1.7 puntos porcentuales. Hace un año, en septiembre de 2025, la proporción era de 63 por ciento.
La brecha de género, comentó, persiste: 64.2 por ciento de las mujeres dijo sentirse insegura en su ciudad, frente a 50.6 por ciento de los hombres. “En mujeres la percepción es mayor de inseguridad. Y ahí pues todavía tenemos que seguir trabajando todos los días”, reconoció.
Sheinbaum Pardo felicitó al gabinete de seguridad, a las secretarías de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Defensa Nacional y de Marina, así como a la Guardia Nacional y a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, cuyo programa de atención a las causas, dijo, “también tiene que ver con esta percepción”.
Cuestionada sobre si, además de las seis cárceles cuya construcción anunció, se considerará el centro de máxima seguridad de Papantla, Veracruz, explicó que éste se edificó en la administración de Enrique Peña Nieto bajo el esquema de asociaciones público-privadas, cuyos costos, recordó, el ex presidente Andrés Manuel López Obrador redujo prácticamente a la mitad.
Como la obra tiene un avance de casi 90 por ciento, el gobierno busca adquirirla y concluirla para operarla con un esquema distinto. Para ello, pidió a Raquel Buenrostro y al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizar un avalúo, revisar cuánto se se ha pagado y dialogar con la constructora. “Todo de manera totalmente transparente”, aseguró.
