En un hecho que no se veía desde hace 30 años, periodistas bajacalifornianos acordaron esta tarde, formar un frente común para contrarrestar la serie de atropellos que como nunca, se han venido expresando en ataques y campañas de hostigamiento contra integrantes del gremio periodístico, incluso amenazas contra su vida, no solo del gobierno que encabeza Francisco Vega de Lamadrid sino del narcotráfico.
Medio centenar de periodistas activos pertenecientes a todos los medios de comunicación impresos, electrónicos y digitales, se dieron cita hoy para poner en marcha la estrategia defensiva contra las embestidas que se han venido registrando en las últimas semanas, y sentar las bases para prevenir actos futuros y contrarrestarlos.
“El gobernador no se ha dirigido a la prensa bajacaliforniana y a la sociedad para decir que efectivamente está haciendo una auditoria y que está haciendo algo para castigar conductas irregulares, ha intentado que el tema se olvide o manipulando a otros medios para no lo sigan”, afirmó Adela Navarro Bello, co directora de Zeta, al referirse a la actitud asumida por la administración estatal respecto del desplegado firmado por 42 periodistas y difundido en noviembre pasado.
“Este es un movimiento gremial para exigir los derechos que tenemos. Hoy estamos enfrentando una embestida que no se había dado, se vio que es parte de una estrategia orquestada por parte de la Dirección de Imagen de Gobierno del Estado para acallar a periodistas. A algunos exigiéndoles que no hablen, a otros hablando con directores de medios para que no permitan hablar de ciertos temas y estas cosas no las podemos permitir. No se trata, como lo han dicho algunos voceros oficiosos, que hagamos todo esto porque estemos exigiendo dinero”, aseguró por su parte Dora Elena Cortes Juárez, directora de Agencia Fronteriza de Noticias.
En la reunión efectuada hoy, se discutieron nuevos ataques registrados en los últimos días contra integrantes del gremio periodístico de Baja California.
El primero de tales incidentes involucra al periodista Antonio Heras, contra quien se ha abierto un expediente en la Procuraduría General de Justicia del Estado, con pretensiones de librar orden de aprehensión en su contra por el presunto delito de fraude, luego de una falsa acusación en la que se le culpa de ser propietario de una empresa importadora, dedicada a la venta de automóviles usados con documentos irregulares en el estado de Baja California
Como él mismo lo denunció ya, generando con esto una intervención de la organización internacional Articulo 19, sospechosa y simultáneamente varios sujetos (entre ellos un empleado de gobierno estatal) decidieron denunciarlo por el presunto delito de fraude.
Curiosamente, en agosto de este año, Heras fue víctima de violencia institucional cuando, a través de presiones ejercidas sobre los contratos de publicidad por parte de Jorge Alberto Cornejo, Coordinador de Imagen y Publicidad de la Dirección de Comunicación Social del Gobierno de Baja California, el Grupo Imagen le notificó que ya no tendría participación en un nuevo proyecto informativo, donde el periodista estaba agendado para participar como conductor y director editorial.
El segundo caso se refiere a información sobre un posible atentado del Cartel Jalisco Nueva Generación contra el semanario Zeta, luego de la publicación de información sensible sobre sus sangrientas operaciones en la disputa por el control del territorio y de su mercado de operaciones en Baja California, así como pormenores de sus integrantes.
El último incidente se registró apenas el pasado fin de semana, cuando dos compañeros del gremio en Tijuana, cuyos nombres fueron reservados de momento por razones de seguridad, fueron amenazados por presuntos vendedores de droga, en hechos perfectamente documentados.
Luego de la pasada denuncia de noviembre, lo que ha habido es el acercamiento de funcionarios estatales como el Director de Comunicación Social del gobierno estatal, para tratar de “negociar” y que el tema no se vuelva a tocar en los medios de comunicación, “y en vez de que cambiaran las cosas lo que vimos fue la agresión a Antonio Heras, a quien afortunadamente no agarraron mal parado. Sabemos que la intención era detenerlo en un evento público para exhibirlo”, señaló Mireya Cuellar, directora del periódico La Jornada Baja California.
“El dinero público que manejan en comunicación social no es de Kiko Vega, no es para el manejo del gobernador y su buena imagen, el dinero público tiene otra finalidad, no se trata de que no pago para que me pegues, el dinero público es para expandir la libertad, no para acotarla. No vamos a permitir que se usen los recursos públicos para presionar periodistas”, sentencio Cuellar. “Yo no quiero salir a reportear con un amparo bajo el abrazo, ni temiendo alguna emboscada.”
Lo preocupante, se dijo en el encuentro, es que por lo que hace al gobierno estatal, se estén generando acciones que ya corresponden a una política de estado, y no tanto a las ocurrencias de un empleado menor acostumbrado a hacer trabajo sucio.
En el uso de la voz, el periodista Antonio Heras dijo que la organización internacional Artículo 19 le sugirió abandonar Baja California por su propia seguridad, y lamentó que el acoso estatal contra periodistas haya alcanzado niveles de gravedad desde el momento en que se criminaliza el trabajo periodístico.
Es la primera vez que se genera un movimiento organizado de periodistas desde el asesinato del columnista Héctor “El Gato” Félix, en abril de 1988.
Dora Elena Cortés / Agencia Fronteriza de Noticias
