El Congreso de Baja California aprobó que la ampliación del gobierno de Jaime Bonilla Valdez sea sometida a una consulta ciudadana ante la polémica que ha generado desde que fue avalada, el pasado 8 de julio.
El presidente del Congreso, Catalino Zavala, presentó la iniciativa que este jueves se leyó ante el Pleno y que fue avalada con 17 votos a favor de los legisladores de Morena, PVEM y el PT, además de la expanista Trinidad Vaca Chacón; hubo 7 sufragios en contra de los diputados del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y PBC.
La polémica “Ley Bonilla”, avalada por la anterior legislatura de mayoría panista, extendió de dos a cinco años el mandato de Jaime Bonilla en el gobierno del estado. Tras el aval se acusó que los diputados recibieron pagos a cambio de votar a favor y generó críticas de los partidos de oposición, así como al interior de Morena.
La iniciativa avalada este jueves contempla la creación de una comisión legislativa especial que hará la propuesta de consulta y estará integrada por legisladores del PVEM, Morena y PT, y será financiada con recursos emitidos de partidos, representantes populares, asociaciones civiles y cualquier otro actor interesado.
El diputado priista de colmillo ultra retorcido David Ruvalcaba solicitó que se retirara del orden del día la propuesta, pero fue desechada por Morena y sus aliados.
Ya en tribuna, Ruvalcaba advirtió que la consulta no tiene sustento jurídico debido a que debe ser el instituto electoral local el que debe de organizar este tipo de ejercicios.
“En 2014, se estableció que los organismos públicos locales electorales son quienes deben hacer las consultas, en Baja California sería el Instituto Estatal Electoral, de acuerdo a la ley de participación ciudadana”, dijo Ruvalcaba.
Además recordó que la obligación del Congreso era publicar la reforma, paso necesario para poder impugnarla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Después de 30 años de gobiernos panistas, a Baja California volverá la alternancia. Ésta vez será gobernado por el abanderado de Morena-PT-PVEM-Transformemos, de profesión ingeniero y de nombre Jaime Bonilla, quien hasta hace algunos meses era senador y delegado de Programas Integrales de Desarrollo del Gobierno de la República.
No olvidemos los reclamos del PRD quien ha insistido en sus críticas a la llamada “Ley Bonilla” ellos en julio levantaron una denuncia ante la Fiscalía y recientemente el día 15 de agosto pasado volvieron a la Fiscalía General de la Replica (FGR) para presentar pruebas con las que exigen que se investigue al gobernador electo de Baja California, Jaime Bonilla.
Los perredistas acusan a Bonilla de haber sobornado a los diputados locales que avalaron la ampliación de su mandato de dos a cinco años.
El excandidato del PRD a la gubernatura del estado, Jaime Martínez Veloz, fue quien acudió a la FGR a ratificar la denuncia que interpuso en el mes de julio pasado en contra de Bonilla y llevó un video como supuesta prueba de los sobornos.
El perredista dijo ante reporteros que en dicho material aparece el presidente del Congreso de Baja California, Catalino Zavala Márquez, reconociendo que le ofrecieron “una fuerte cantidad de dinero” para avalar la “Ley Bonilla”
Martínez Veloz indicó que también solicitó al fiscal Alejandro Gertz Manero pedir más videos a un hotel de Mexicali, para identificar a las personas que, según él, estuvieron presentes durante los ofrecimientos de dinero por parte de una persona cercana a Bonilla.
Los supuestos sobornos que recibieron los legisladores de Baja California de parte del gobernador electo iban desde 200,000 hasta 400,000 dólares, afirmó Martínez Veloz. En el mismo sentido, se ha señalado que es muy probable que pagos de mayor tamaño, se puedan dar cuando esa Ley o esta maniobra quede avalada, ya que en ese momento, los 21 votos de los Panistas y gente de Morena del Congreso pasado, tendrán el resultado buscado, que es, hasta el día de hoy, el de ampliar por sus pistolas, el Periodo de Gobierno de 2 a 5 años.
Es importante señalar, que hasta este momento, la ley no ha sido impugnada y no ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hasta en tanto no sea publicada por el Congreso y/o por el Gobierno actual de Francisco Vega.
El “Amigo” del Presidente, el apuesto y nuevo gobernador, tomará posesión el próximo 1 de noviembre, y tendrá un Congreso aliado, pues de los 17 distritos electorales en disputa, los ganó todos, por lo que la oposición como PRI, PAN, Movimiento Ciudadano, PRD y PBC, sólo ocupan espacios de representación proporcional.
Revista Expansión / Reporte UNO
