Pese a los resultados adversos, tres partidos mantienen. Prerrogativas y mantienen su vigencia en el estado, de tal forma que la vida política nacional les sigue sonriendo al Verde, al PT y a Nueva Alianza.
Si la Ley de Partidos Políticos no les diera un trato diferente a los partidos locales y nacionales, tras la elección del 5 de junio en Baja California y tomando en cuenta los resultados oficiales que hasta la fecha se mantienen, 6 partidos políticos tendrían que perder su registro al no conseguir el mínimo en votación.
Las golondrinas serán principalmente para 3 partidos políticos, dos de ellos, de reciente creación: el Partido Peninsular de las Californias (PPC), fundado por el ex panista, ex castrotrentista y ex candidato de Movimiento Ciudadano, Felipe Ledesma, actual regidor en el cabildo de Tijuana.
Otro instituto que se evaporó es el Partido Municipalista de Baja California, armado inicialmente por Ramiro Orea y Gabriel Fernando Santillán, quienes posteriormente se dividieron y acusaron hasta llegar a los golpes en las oficinas del Instituto.
Un tercero que dejará de aparecer en las próximas elecciones es el Partido Humanista, quienes salvaron su registro local, naciendo al interior del país como un partido nacional en el 2014 y que contendió por única vez en las elecciones federales del 2015 y liderado en el Estado por Luis Alberto Juárez Fernández.
La misma Constitución Política del Estado –en su artículo 5–, establece –en su apartado A– que “el partido político local que no obtenga, al menos, el tres por ciento del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o Legislativo, le será cancelado el registro”.
Pero hay otros partidos que participaron en las pasadas elecciones en el Estado y que no alcanzaron ese mínimo requerido por la Constitución estatal, pero que no se les retirará el registro ni los recursos públicos que se traducen al año en cientos de millones de pesos. Según la suma y los porcentajes obtenidos de la votación del pasado 5 de junio, los partidos con resultados mediocres e inferiores a los que establece la Ley también son el Partido de la Nueva Alianza (PANAL), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), los 3 aliados del PRI en Baja California. Sin embargo, éstos no perderán su privilegio de seguir existiendo de los recursos públicos.
Es más, si la figura de los candidatos independientes fungiera como una fuerza política que tuviera que mantener el mínimo, fuera otro de los fracasados. Juntando todos los votos de los independientes, a nivel estatal no llegan ni al 1.2 por ciento. ¿Era tan difícil?
En términos fríos y matemáticos, para que un partido obtenga el mínimo establecido por la Ley es relativamente ridículo. Debió de obtener o convencer a uno de cada 100 ciudadanos para que les dieran su confianza en las urnas. Sí, el 1.11 por ciento del listado nominal para poder alcanzar la inapreciable votación.
Es decir, Baja California tuvo en las pasadas elecciones un listado nominal de 2 millones 170 mil 382 ciudadanos, o bien, éstos fueron quienes tenían derecho y posibilidad de votar. De los cuales, después de los cómputos distritales validados por el Consejo General del Instituto Estatal, se supo que se contabilizaron 835 mil 728 votos, lo que representan una participación de 38.50 por ciento.
Ahora bien, la ley establece que para definir los partidos y sus porcentajes estatales, con el fin de definir diputados y de mantener el registro, se deben de sumar los votos “válidos”, en otras palabras es sumar los sufragios obtenidos por los partidos y los independientes para diputados, ignorando los votos nulos y los votos para Candidatos No Registrados.
Restando las cifras dichas (29 mil 472 nulos y 834 para No Registrados) la votación efectiva fue de 805 mil 422 votos. El gran reto, pues, para los partidos políticos era obtener aunque fuera el 3 por ciento de la votación estatal, es decir, miserables 24 mil 171 votos de un universo de los más de 2 millones 170 mil ciudadanos.
Es por ello, que el 3 por ciento de la votación efectiva estatal, equivale al 1.113 por ciento en relación al listado nominal. Uno de cada 100 era el gran reto a cumplir.
Si los votos nulos fueran un partido político (representan el sentir de 3.60 por ciento de la votación) hubieran sacado una votación superior a 8 fuerzas políticas, superando a los independientes, al PPC, al PMBC, Humanista, al Panal, al Partido Verde, al PT, al PRD y a décimas del Partido Estatal de Baja California.
Nacionales mediocres no pierden su registro Contrario al espíritu de la Constitución local (la cual sí específica “partido local” en el artículo antes citado) e incluso a la Ley electoral que también contempla el 3 por ciento como mínimo para obtener representantes proporcionales en los ayuntamientos o en el Congreso, una ley brinda casi inmunidad a los partidos con registro nacional.
Es justamente el artículo 19 de la Ley de Partidos Políticos del Estado de Baja California (acorde a la reforma electoral impulsada por el PAN y por el PRI de Enrique Peña Nieto), que dicta que “el partido político nacional con registro otorgado por el INE, tendrá derecho a participar en las elecciones de la entidad”.
Así de sencillo y sin ningún otro requisito. La misma Ley dice que en base a la “Constitución, las Leyes Generales en la materia, la Constitución del Estado”, los partidos con registro nacional, le basta y sobre con “solicitar la acreditación durante el mes de agosto del año anterior al del día de las elecciones ordinarias, ante el Consejo General del Instituto Estatal” para poder participar y recibir los recursos para sus campañas y gastos de campaña.
Insistiendo: sin considerar sus ridículos resultados en la elección anterior. Lo único que los partidos nacionales deben presentar ante el Instituto Electoral del Baja California para seguir viviendo del presupuesto es su “vigencia de su registro, mediante la certificación que expida el INE”; “Tener domicilio permanente en el Estado”, y “la integración de su comité directivo o estructura equivalente en el Estado”.
La Ley remata en su beneficio: La acreditación como partido político nacional tendrá vigencia en tanto no le haya sido suspendido o cancelado su registro por la autoridad electoral nacional competente. De perder el registro respectivo, le será cancelado todos los derechos y prerrogativas. Hasta entonces el estado los mantendrá. Se van pero con su dinerito
En este año se presupuestaron 159 millones de pesos (gran parte, 60 millones entre el PRI y el PAN) para los partidos políticos y para los candidatos independientes. Lo cual no se suspenderá para quienes no pudieron cumplir con el requisito mínimo constitucional del 3 por ciento.
Posterior a la elección se asignó un “interventor” para que sea por medio de éste (Otoniel Villalobos, empleado del IEE) y no por medio de instituto propio, les siga liquidando sus deudas con los partidos políticos hasta diciembre. Quienes perdieron su registro y no cumplieron con su tarea constitucional de “promover la participación del pueblo en la vida democrática” y de contribuir para que ciudadanos tengan “acceso al ejercicio del poder público”, no tendrán que regresar el dinero que les otorgó para hacer campaña de 713 mil 521 pesos, más el millón 982 mil pesos a cada uno para sus “actividades ordinarias permanentes” por ser partidos de nueva creación.
En el caso de los partidos con registros nacional con menos del 3 por ciento tampoco dejarán de recibir sus ministraciones mensuales que varían según las siglas. El PRD que consiguió el 3.17 por ciento de la votación efectiva al año terminará recibiendo 11 millones 335 mil pesos, más los 4 millones 18 mil más para la campaña. El PT (con el 1.90 por ciento de la votación) se le asignó para este año más de 7 millones de pesos y 2 millones más para la campaña, más de 9 millones de pesos en total.
Ni al PVEM se le suspenderán sus mensualidades, que sumarán al fin del año 8 millones 782 mil pesos, sin contar los 3 millones 577 mil más para la campaña, ¿A poco no les parece increíble este derroche de dinero? Que se les seguirá pagando a los partidos rémoras del sistema y que además son perdedores por no saber trabajar.
Semanario Zeta / ReporteUNO
