A veces las crisis diplomáticas no comienzan con un discurso, sino con una contradicción. Esta semana tomó la forma de una avioneta exhibida en un museo de Nuevo México e identificada como la utilizada para trasladar a Ismael El Mayo Zambada y a Joaquín Guzmán López a Estados Unidos. Más que una pieza de exhibición, se convirtió en una pregunta incómoda para el gobierno estadounidense.
En 2024, el entonces embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que ninguna agencia de su país había participado en el traslado. La información difundida sobre la aeronave volvió a encender las dudas. En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum resumió la controversia en una sola pregunta: “¿Quién mintió?”.
El Gobierno de México no cuestiona que Zambada enfrente a la justicia estadounidense ni solicita su liberación. La exigencia es otra: esclarecer si alguna agencia de Estados Unidos intervino en la operación sin informar previamente a las autoridades mexicanas. Por ello, la Cancillería solicitó a la Fiscalía General de la República requerir información oficial al FBI.
La diferencia es fundamental. Si una agencia extranjera actuó en territorio mexicano sin notificar al Estado, el asunto trasciende la política y entra en el terreno de la soberanía: la Presidenta señaló que ello violaría la Carta de la ONU, la Carta de la OEA, la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. La discusión no es quién fue detenido, sino cómo ocurrió.
Sin embargo, buena parte del debate público tomó otro rumbo. El diputado federal Federico Döring y la diputada federal Paulina Rubio Fernández, ambos de Acción Nacional, acusaron a la Presidenta de defender a un narcotraficante en vez de exigir respuestas sobre las inconsistencias entre versiones.
Sheinbaum no defiende a Zambada —nadie ha pedido su liberación—; defiende que México decida qué ocurre en sus fronteras. Sus críticos atacan por cualquier flanco que le reste al gobierno, menos por el único que aquí cuenta: la soberanía.
Desde Morena, Ricardo Monreal convirtió esa misma defensa en consigna partidista: le sirve para cerrar filas, pero tampoco acerca la respuesta que México le exige a Washington.
Y, sin embargo, la pregunta sigue intacta: ¿participó alguna agencia estadounidense en esa operación sin informar al Gobierno de México? Si la respuesta es sí, estamos ante un asunto que va mucho más allá de un caso criminal; si es no, corresponde a Washington explicar por qué persisten las contradicciones. La política suele llenarse de ruido para evitar hablar de lo esencial. Lo importante no es quién ganó la discusión en redes ni quién sacó ventaja partidista, sino qué ocurrió realmente. Porque entre países la confianza puede sobrevivir a los desacuerdos, pero difícilmente a las versiones incompatibles. Y cuando una explicación no cabe en los hechos, la duda termina ocupando todo el espacio.
COLUMNISTA de El Heraldo de México: Mara Paolina González Hernández
