Editorialistas de #ReporteUNO: La Agencia de Noticias mexicana NOTIMEX realizó una investigación sobre la forma de operar y de evadir impuestos de varias organizaciones que están en contra del desarrollo de Obras de Infraestructura, que está impulsando el Gobierno de la República que encabeza el Presidente Andres Manuel López Obrador.
Estas empresas bajo la personalidad moral de Asociación Civil, como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad y muy recientemente la Asociación No más derroches, se crearon al amparo de una mañosa ley, que fue manipulada y modificada, para no ser sancionados por involucrarse en la vida política de los mexicanos, se formaron y comenzaron a operar para beneficiarse ellos con sumas millonarias de dinero bajo el esquema de DONATIVOS y para recibir millones de pesos, que no son pagados por la vía de Impuestos. Él SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera, ya los investiga.
Por donde se le vea, es una inteligente y perversa manera de organizar al Poder Económico, en contra del Poder Político, para favorecer a sus empresas y a sus muy particulares intereses. Lo indignante del caso, es que se presten para detener por la vía jurídica, acciones de Gobierno de alto impacto social, bajo el concepto de Transparencia, y Control del uso de los Recursos Públicos, cuando ellos no exhiben eso en sus desempeño particular, veamos cómo el reportaje publicado en varios medios nacionales, nos muestra su forma de operar los dineros públicos, que nunca llegan a la hacienda Pública.
Apesar de que uno de sus principios es la transparencia y combatir la corrupción, la organización que preside el empresario Claudio X. González, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad(MMCI), mantiene oculta la identidad de las personas y las empresas que financian sus actividades.
En el apartado de transparencia y financiamiento que tiene en su portal de internet, la organización detalla que por seguridad de sus donadores, no se revela su nombre, ni la cantidad que aportan. Eso, señala, garantiza la independencia de su trabajo.
“Las donaciones que nuestra organización recibe, sin importar la cuantía, no generan derechos ni injerencia, directa o indirecta, sobre la toma de decisión en nuestras actividades o funcionamiento”, señala uno de sus preceptos.
En entrevista a la Agencia Notimex, el director ejecutivo de Bios A.C. Manuel Polo Sánchez, explicó que MMC es una organización de la sociedad civil (OSC) que pertenece al padrón de donatarias del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y como tal recibe recursos públicos que deja de percibir el Gobierno Federal, por lo tanto es una incongruencia que reciba dinero del Gobierno y a la vez trate de incidir en sus acciones.
Según la información documentada en su portal, hasta el 31 de diciembre del 2018, MMCI había recibido donaciones de 8 mil 765 personas físicas y morales. En el 2017, la OSC recibió por concepto de donativos, 73 millones 57 mil 529 pesos, pero no publican el origen de los mismos.
MMCI surgió después de la modificación a la Ley de Impuesto Sobre la Renta (ISR) aprobada en el 2014 durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, para permitir a las asociaciones civiles que reciben recursos públicos influir en la legislación.
Antes de esa reforma, el artículo 97 de la citada ley en su apartado II señalaba lo siguiente: “las actividades que desarrollen tengan como finalidad primordial el cumplimiento de su objeto social, sin que puedan intervenir en campañas políticas o involucrarse en actividades de propaganda o destinadas a influir en la legislación”.
Con lo aprobado en 2014, en su artículo 82, apartado II, se determinó eliminar el último renglón: “o destinadas a influir en la legislación”.
Gracias a la reforma, es que MMCI puede influir de manera abierta y directa en la formulación de propuestas que incidan el rumbo de las políticas que elabora el Gobierno.
“Mexicanos vs Corrupción e Impunidad, A.C. cuenta con un consejo consultivo integrado, de manera honoraria, por destacados miembros de la academia y la sociedad civil, con amplia experiencia en el estudio y el fomento del Estado de derecho en México. Brindan asesoría a las distintas áreas de la organización sobre las estrategias para la investigación y denuncia de la corrupción, así como para el diseño de propuestas de políticas públicas o reformas legislativas que fortalezcan el marco institucional en la materia”, dice de manera textual uno de los apartados de la agrupación.
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De acuerdo con algunos periodistas y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, Claudio X. González es el promotor de los 147 amparos que impiden el inicio de obras de la ampliación del aeropuerto de Santa Lucía. Junto con él, se encuentran el presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, y las organizaciones México Unido Contra la Delincuencia, y Causa Ciudadana, ambas, promotoras de políticas contra la inseguridad y la violencia.
Polemón
