Del último mes de 2018 al 1 de diciembre de 2019, paso un año de que Andrés Manuel López Obrador llegó a la Presidencia. Su arribo representó un golpe de timón en el ámbito político al ser el primer mandatario de izquierda y un giro a cómo se venía desarrollando la vida pública del país.
Con la bandera de la austeridad y el combate a la corrupción, ha quitado privilegios a la clase política, empezando por él mismo con una reducción de su sueldo. No viaja al extranjero ni tiene un robusto cuerpo de seguridad para cuidarlo. Como parte de su política social, ha puesto por delante a los pobres e indígenas y da apoyos de manera directa. Además ha optado de un ejercicio “inédito” “singular” y “repetitivo” de imagen Presidencial y de comunicación con sus conferencias matutinas diarias, conocidas como “la mañanera”
En estos 365 días, López Obrador ha intentado sentar las bases de lo que llama la “Cuarta Transformación”, comparándola la Independencia, la Revolución y la Reforma. No obstante hay rubros donde los resultados no se han visto a la velocidad con la que él quisiera, como la seguridad.
El tema de la inseguridad y la estrategia para frenarla es el desafío más grande de la administración actual con un promedio de 100 asesinatos al día y con casos como el operativo fallido en Culiacán, Sinaloa, donde se liberó a Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín Guzmán El Chapo, y el asesinato de nueve integrantes de la familia LeBarón en Chihuahua. Cuyos resultados de la estrategia de seguridad no se han visto reflejados.
“El balance más difícil es en el tema de seguridad, porque ahí sí tenemos visiones muy encontradas de parte del presidente y su equipo y buena parte de la sociedad organizada (…) los dos últimos golpes sufridos en Culiacán y la familia LeBarón va a impactar”, señala el politólogo Sergio Aguayo.
La académica de la Universidad Iberoamericana, Ivonne Acuña, coincide en que la gran deuda es la inseguridad, y aunque doce meses es poco tiempo para ver los resultados, no quiere decir que el presidente no tenga una responsabilidad.
“Son gobierno hace 12 meses y tienen que responder por lo que está pasando. Esta avalancha de seguridad sea producto de tres sexenios previos, pero hoy Andrés Manuel López Obrador es gobierno y ya es su responsabilidad”, dice.
El momento más complicado sin duda fue el presidente insiste en que mantendrá su estrategia de “no violencia”.
el operativo fallido de Culiacán, donde se tuvo que dejar ir a Ovidio Guzmán , hijo del exlíder del cartel de Sinaloa, Joaquín el ‘Chapo’ Guzmán y el asesinato de nueve miembros de la comunidad mormona en Sonora.
A pesar de las cifras de inseguridad y violencia, el presidente ha dicho que no cambiará la estrategia “de abrazos, no balazos” y de ir al fondo del problema, que de acuerdo con él es la desigualdad.
No obstante, de acuerdo con encuestas como la realizada por el Gabinete de Comunicación Estratégica , señalan que 73% de los encuestados están de acuerdo con un cambio de estrategia en esta materia.
Aunque los números son crudos, muy crudos, considerando que este año podría cerrar con 36,000 homicidios dolosos, delito que presenta una gran impunidad pues de cada 10 solo en uno se logra castigar al responsable de cometerlo, alertaron grupos civiles.
Este inicio de semana la organización Causa en Común, presentó el Informe 2019 ¿Cómo vamos en Seguridad Pública? y durante su presentación María Elena Morera, presidenta de la organización, alertó que este año puede cerrar con un registro histórico de 36,000 víctimas de homicidio doloso, siendo el año más inseguro de la historia de México desde 1980, año en que se comenzaron a dar a conocer cifras sobre incidencia delictiva.
Al respecto, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, hace como que no ve, o hace como que los números no le impactan, y dijo que se debe esperar a que cierre el año para saber si será el más violento del que se tenga registro, ¿es neta?
Otro reflejo de la inseguridad que se registra en el país, apuntó Morera, son las cifras registradas de diciembre de 2018 a octubre de 2019:
32,565 víctimas de homicidio, 3% más que en 2018.
933 feminicidios, 17% más que en 2018.
1,565 secuestros ,13% más que en 2018.
7,915 actos de extorsión, 35% más que en 2018.
El país vive la crisis más grave de inseguridad de la que se tenga registro. Se ha acelerado la militarización del país, por las vías legal, presupuestal y operativa. No existe de hecho ninguna línea clara que separe a las Fuerzas Armadas de la Guardia Nacional”, destaca el informe.
La activista destacó que a un año gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy no vivimos en un país seguro y consideró que no existe una estrategia de seguridad pública que vaya en contra del crimen de manera directa ni de manera indirecta, ni se le están quitando bienes a la delincuencia.
Morera también criticó que se desconozca el número policías que laboran a nivel nacional, y recalcó que del 1 de enero al 2 de diciembre al menos 382 policías han sido asesinados ”sin ninguna consecuencia y pareciera que eso no importa a las autoridades”.
Más homicidios y menos condenas
Mientras los homicidios dolosos van en aumento, las sentencias condenatorias van la baja, alertó Impunidad Cero.
El documento señala que de 33,743 asesinatos cometidos en 2018, solo se lograron 3,600 sentencias condenatorias. Esto se traduce a una impunidad del 89.% en dicho delito y muestra que de 10 asesinatos cometidos en el país, solo uno se resuelve, de acuerdo con el informe Impunidad en homicidio doloso en México: Reporte 2019.
“Lo que vemos en todo el país es una tendencia preocupante en la que cada año hay más homicidios dolosos y menos sentencias condenatorias”, expuso Irene Tello Arista, directora de la organización.
Impunidad Cero señaló que el Estado mexicano no ha logrado superar las sentencias condenatorias de 2005 (4,800 de 11,246 homicidios registrados ese año).
El informe refiere que el nivel de impunidad explica la escasa capacidad de disuasión del sistema penal mexicano sobre el crecimiento de la violencia en los últimos 10 años.
Al revisar el índice en las entidades, la organización encontró que 11 registran un nivel de impunidad en homicidios dolosos superior al 90%.
Y la entidad donde existe una mayor impunidad en homicidio doloso es Morelos, con 99.6%, seguido de Chiapas (99.0%), Oaxaca (97.8%). En contraste, los estados con menor impunidad son Yucatán (27.1%), Aguascalientes (45.5%) y Nuevo León (61.0%).
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