Hay muchas historias de vida que cambian en un instante, derivadas de las políticas migratorias de los EEUU. El 20 de julio pasado Chantal Alejandra Morales Rojas llegó a la puerta de embarque del Aeropuerto Internacional de Denver para regresar a Oakland; había pasado el control de seguridad y estaba a punto de abordar cuando varios hombres vestidos de civil comenzaron a vigilarla. Al escanear su pase, el sistema emitió una alerta: los agentes la bloquearon dentro del puente de acceso al avión, impidieron que una abogada presente revisara la orden judicial que aseguraban tener y la sacaron por una escalera externa hacia una camioneta estacionada en la pista; pasajeros y empleados grabaron el arresto.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) conocía su nombre, su vuelo, la puerta y la hora de salida. La detención fue preparada con anticipación. La defensa de Morales presentó una demanda de habeas corpus para cuestionar la legalidad de la detención. Un juez migratorio fijó una fianza de 3 mil dólares, y Morales recuperó la libertad el 30 de julio, 10 días después del arresto.
El de Morales, es sólo una de las decenas de casos similares que se han registrado recientemente y que evidencian que el ICE ha convertido los aeropuertos de ESTADOS UNIDOS en vuelos locales en sus nuevos centros de operaciones. De acuerdo con datos de ICE, citados por medios, sólo en julio hubo más de 30 arrestos en los aeropuertos; el 4 de agosto una fuente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que ICE realizaba en ese momento entre 20 y 40 arrestos diarios en aeropuertos estadounidenses.
Acuerdo polémico entre AICE y las Aerolíneas
La operación comienza con los datos que cada viajero entrega para comprar un boleto y superar los controles de seguridad. Las aerolíneas remiten la información a la Administración de Seguridad del Transporte (TSA); esa dependencia la coteja y la comparte con ICE. Un acuerdo firmado en mayo de 2025 estableció las reglas para intercambiar, almacenar y administrar los registros. ICE quedó autorizado para conservar en sus propios sistemas la información recibida.
El gobierno mantuvo ese convenio fuera del conocimiento público y censuró casi por completo los anexos que describen los datos transferidos.
La directora interina de la TSA, Ha Nguyen McNeill, había declarado bajo juramento ante el Congreso: “No enviamos la información a ICE; ayudamos a ICE a cotejarla con nuestra información”. Pero Chioma Chukwu, directora de American Oversight, subrayó que “los estadounidenses entregan su información personal para abordar un avión con seguridad, no para entrar en un sistema de control migratorio o en una red gubernamental de vigilancia”.
Jorge Mario Cabrera, vocero de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles (CHIRLA), dijo a varios medios latinos e hispanos, que la información que está recibiendo el ICE “permite detener a una persona en un espacio controlado y con menos agentes”.
John Sandweg, exdirector interino de ICE, afirmó que la agencia está “extrayendo datos de la TSA para aumentar sus cifras de arrestos”. Los agentes esperan en mostradores, filtros, comercios, puertas, conexiones y puentes de embarque; con frecuencia visten de civiles y actúan después que el pasajero ingresa a una zona restringida.
Los pastores mexicanos Nepthalí Zozaya Saucedo y Cinthia Saraí Cardona Otero fueron detenidos el 23 de julio en el Aeropuerto Internacional de McAllen, Texas, cuando viajaban a un retiro religioso. El gobierno afirmó que sus visas habían vencido en 2022; dirigentes religiosos sostuvieron que contaban con visa para trabajadores religiosos y solicitud de residencia pendiente. Zozaya denunció presiones para firmar una salida voluntaria. “Nos hablaron de separarnos de nuestros hijos e incluso de separarnos como matrimonio”, narró. La pareja fue liberada el 25 de julio sin fianza, pero quedó obligada a llamar mensualmente y comparecer en Harlingen.
El gobierno de Donald Trump alega que está priorizando las detenciones de personas con antecedentes criminales; la realidad es otra. Documented, la organización de noticias sin fines de lucro, analizó 64 arrestos aeroportuarios registrados entre el 20 de enero y el 15 de octubre de 2025: 36% de las personas tenían algún antecedente penal. Los arrestos de viajeros sin condenas ni cargos pendientes aumentaron 560% frente al periodo comparable de 2024, antes de la era Trump.
